Este domingo 12 de noviembre, la Plaza de la Constitución de Zamora fue testigo de la primera concentración convocada por el Partido Popular en rechazo a la Ley de Amnistía y al acuerdo de legislatura entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya. Este evento, que se replicó en varias localidades de la comunidad y en todas las capitales de provincia españolas, atrajo a miles de personas, llenando la plaza e incluso obstruyendo parte de la Calle Santa Clara de la capital Zamorana.
Motivados por la determinación de «no arrodillarse ante el independentismo» y lo que consideran «el mayor ataque al Estado de Derecho y a la democracia», los líderes del Partido Popular lograron una movilización masiva. La concentración contó con la presencia de numerosos representantes de la Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León, así como diferentes alcaldes de la provincia, quienes expresaron su rechazo al pacto que ha generado controversia en la sociedad, especialmente por la posibilidad de un «referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña» y una Ley de Amnistía que abarcaría tanto a responsables como a ciudadanos vinculados a eventos judiciales relacionados con las consultas de 2014 y 2017, así como el concepto de ‘lawfare’ o judicialización de la política.
Después de la lectura del manifiesto, el presidente del Partido Popular en la provincia y senador por Zamora, José María Barrios, agradeció la masiva asistencia, destacando la participación no solo de la capital, sino también de numerosos pueblos, en la concentración «por la defensa de la libertad de los españoles». Durante el acto, se escucharon cánticos como «Pedro Sánchez, a prisión» y algunos insultos dirigidos al presidente del gobierno y a su familia.
José María Barrios, instó a la protesta contra un pacto que, según él, «dinamita el propio Estado de Derecho», resaltando que los zamoranos también se verán afectados por la condonación de la deuda a Cataluña, debiendo asumir un costo de «54 millones de euros, equivalente a lo que la Diputación destina a todas las obras durante nueve años».
