La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto a STAJ, CCOO y UGT, han reanudado este jueves -día 4 de mayo- la huelga de los funcionarios de Justicia de España, con un paro de 24 horas. Exigen al Gobierno que se reconozcan las funciones que llevan a cabo día a día, de manera legal y retributiva; así como la paralización y negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa, que pretende imponerse a través del rodillo parlamentario, y que tendrá graves consecuencias e ineficiencia en toda la administración de Justicia, señala Juanjo Banciella, responsable de Justicia de CSIF Castilla y León.
Los 45.000 trabajadores de Justicia -unos 2.800 en Castilla y León- han sido llamados a reiniciar la protesta, después del fracaso de la reunión celebrada entre el comité de huelga y el Ministerio de Justicia a finales de abril, y ante la falta de voluntad del Gobierno para alcanzar un acuerdo.
En la Comunidad, el apoyo a la huelga ha sido de una media del 80%, “a pesar de que los servicios mínimos impuestos por el Ministerio sean desproporcionados y abusivos, para tratar de minimizar las consecuencias y tratar de visibilizar la mayor normalidad posible”, dice Juanjo Banciella.
Se han realizado diversas acciones y concentraciones ante juzgados o las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en las diferentes provincias, para recordar a la administración autónoma que no debe mirar para otro lado, y pedirle que haga las gestiones que estén en su mano, para trasladarle al Gobierno la necesidad de buscar un acuerdo y un consenso para resolver el conflicto laboral.
CSIF lamenta que los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, con su actitud y su negativa a negociar, estén provocando “graves consecuencias al sistema judicial”, con la paralización de más de cuatro millones de expedientes y la suspensión de decenas de miles de juicios.
