Este proceso, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se diseñó para reducir la temporalidad en el sector público. Sin embargo, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), denuncia que su ejecución está provocando un efecto devastador en la administración local, especialmente en los
municipios rurales, que dependen en gran medida de estos profesionales para su funcionamiento diario.
Consecuencias inmediatas: parálisis administrativa y perjuicio económico
ANSITI advierte que, de no adoptarse medidas urgentes, los municipios se enfrentarán a dos consecuencias críticas:
- Colapso de los ayuntamientos. La salida forzosa de los Secretarios, Interventores y Tesoreros interinos dejará a muchos municipios sin personal cualificado para gestionar sus competencias básicas. Dada la escasez de funcionarios de carrera y la falta de incentivos para ocupar estos puestos en zonas rurales, numerosos municipios podrían quedar sin la estructura mínima necesaria para operar con normalidad.
- Un nuevo golpe a las finanzas municipales. El cese de estos profesionales generará indemnizaciones que deberán ser sufragadas por los ayuntamientos, con compensaciones que pueden superar los 46.000 euros por interino. Este gasto imprevisto supone una pérdida de recursos económicos que afectará directamente a la prestación de servicios públicos esenciales, como el mantenimiento de infraestructuras, programas de asistencia social o el desarrollo de proyectos locales.
Falta de información y soluciones por parte del Ministerio
A pesar de la magnitud del problema, ANSITI denuncia que el Gobierno no ha informado a los ayuntamientos sobre las repercusiones económicas y operativas de estos ceses. Mientras que desde el Ministerio se han enviado circulares recordando la obligación de cumplir con los plazos de estabilización, no se ha ofrecido ninguna solución para evitar el colapso de los municipios.
Por ello, la asociación insta a los alcaldes a trasladar su preocupación a los grupos parlamentarios y a exigir una solución legislativa que garantice la continuidad del servicio público en los ayuntamientos afectados. En este sentido, ANSITI recuerda que el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, actualmente en tramitación, es una oportunidad para introducir las reformas necesarias que permitan cumplir con la Directiva Europea 1999/70/CE, garantizando los derechos de los trabajadores y la estabilidad de la administración local.
Reunión clave en Bruselas y posibles sanciones millonarias
El próximo jueves 13 de marzo, está prevista una reunión en Bruselas entre la Comisaria Europea de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu , y el Ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. En este encuentro, se abordará el incumplimiento por parte de España de la Directiva 1999/70/CE, relativa al trabajo de duración determinada. La falta de transposición de esta directiva ha llevado a la Comisión Europea a iniciar procedimientos de infracción contra España, que podrían derivar en multas millonarias impuestas por la propia Comisión. Este escenario agravaría aún más la situación financiera de las administraciones públicas y pondría en entredicho el compromiso de España con la normativa comunitaria.
Un llamamiento a la acción
Desde ANSITI se hace un llamamiento urgente a los responsables municipales, a los grupos parlamentarios y a las instituciones públicas para que se adopten medidas que eviten el colapso de los ayuntamientos y la merma en la calidad de los servicios públicos.
