La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado una denuncia formal ante la UNESCO debido a la autorización para la extracción de agua del acuífero de Villafáfila. Una medida que consideran una grave violación del Convenio Ramsar sobre humedales de importancia internacional. Este enclave, reconocido mundialmente por su biodiversidad, se encuentra en riesgo ante una decisión que podría alterar su equilibrio ecológico.
El acuífero de Villafáfila alimenta las lagunas del mismo nombre, un ecosistema crucial para diversas especies de aves acuáticas, incluidas algunas en peligro de extinción. Desde 1989, este espacio cuenta con la protección del Convenio Ramsar. La reciente autorización administrativa, aún pendiente de aprobación definitiva por parte de la Junta, podría poner en peligro este patrimonio natural reconocido también por la UNESCO.
Advertencias de los expertos
Diversos colectivos ecologistas y especialistas han alertado sobre las devastadoras consecuencias de la extracción de agua. Esto podría afectar tanto a las lagunas como para las comunidades locales que dependen de este entorno. Según UPL, la autorización supone una clara contradicción con los compromisos adquiridos por España al ratificar el Convenio Ramsar, que obliga a proteger los humedales incluidos en su lista.
“Esta decisión prioriza intereses económicos a corto plazo sobre la conservación de un ecosistema único. Es un atentado contra el patrimonio natural y un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España”, ha declarado Manuel Herrero, portavoz de UPL. El papel de la UNESCO puede ser crucial en esta situación.
Llamamiento a la acción internacional
Ante esta situación, UPL ha solicitado la intervención de la UNESCO para garantizar la protección de las lagunas de Villafáfila. El partido ha exigido también al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León que reconsideren cualquier autorización de extracción de agua y adopten medidas urgentes para conservar este humedal.
Aunque la Confederación Hidrográfica ha otorgado una autorización inicial, la aprobación final depende de la Junta. Esta situación ha generado preocupación por la falta de transparencia en el proceso. UPL ha pedido a la sociedad, a las organizaciones ecologistas y a la comunidad internacional que se movilicen para evitar lo que califican como un “atentado ecológico”.
