Se insta al Gobierno «a licitar con máxima urgencia, y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios, un nuevo concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado».
La propuesta del titular de la Consejería de Sanidad de Castilla y León incide en que ese nuevo concierto “debe contar con la dotación económica que sea necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a todas las necesidades de los propios mutualistas, así como para consolidar y desarrollar el mutualismo administrativo en el futuro desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo».
A juicio de Alejandro Vázquez, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se asumió el compromiso en firme de publicar una nueva licitación del concierto con Muface antes de que acabe el año 2024. “Se trata de una opción –explica el consejero– que, de acuerdo con los datos consolidados ofrecidos desde la propia Muface, fue elegida en 2023 por 1.103.292 funcionarios (69,6 %), de los que dependen 434.409 beneficiarios (1.537.701 de personas protegidas en total)”.
En Castilla y León hay 110.136 funcionarios adscritos a Muface. De ellos, 33.454 ya están siendo atendidos por Sacyl. Y los 76.682 restantes, un 69,6 % del total, han elegido la opción de seguro privado (DKV, Asisa o Adeslas).
