PACMA llama a un debate sobre la rentabilidad y la legitimidad de las subvenciones al sector cinegético.
En un contexto en que el apoyo económico al sector de la caza sigue siendo una constante, el Partido Animalista PACMA ha presentado un exhaustivo informe que revela parte de los costes, generalmente desconocidos, que asumen los contribuyentes para sostener la actividad cinegética en España, independientemente de si participa en ella o no. Este informe, estructurado en un análisis por comunidades autónomas, pone sobre la mesa la creciente inversión pública destinada a un sector en claro declive, que ha reducido su número de licencias en un 45% en los últimos 20 años.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el número de licencias de caza en España se desplomó de 1.036.340 en 2002 a 568.715 en 2022, un nivel históricamente bajo. Este descenso, para Javier Luna, presidente nacional del Partido Animalista, refleja un cambio en los hábitos de ocio y los valores de la ciudadanía, lo que plantea la necesidad de reevaluar los fondos públicos invertidos en mantener y fomentar esta práctica.
Subvenciones en aumento a pesar del descenso en licencias
Las cifras de inversión pública son sorprendentes: desde 2018 hasta 2023, las subvenciones directas a federaciones de caza autonómicas aumentaron un 134,7%, pasando de 623.027 € en 2018 a más de 1,46 millones de euros en 2023. En total, en los últimos seis años, estas federaciones han recibido 7.163.032 €, distribuidos entre la Federación Española de Caza y todas las federaciones autonómicas a excepción de la vasca, sin contar con las provinciales.
Este incremento de las ayudas se une a las subvenciones dirigidas a otras entidades y proyectos cinegéticos que, en conjunto, han recibido al menos otros 6.298.690 € en los últimos cinco años. Entre estas inversiones se incluyen desde ayudas para la gestión y conservación de hábitats, hasta la promoción de ferias y eventos de caza. Comunidades como Navarra y Castilla-La Mancha encabezan esta lista, acumulando más de un millón de euros cada una en inversiones adicionales destinadas a reforzar el sector.
Reducciones de las cuotas y licencias regaladas
Otro aspecto destacable del análisis de PACMA es la práctica generalizada de ofrecer bonificaciones fiscales sobre las tasas de expedición de licencias de caza. Aunque el pago de estas tasas podría representar un ingreso significativo, islas como Tenerife o comunidades Castilla-La Mancha y Castilla y León eximen a sus residentes de pagar cuota alguna por licencias de caza. Además, en comunidades como Madrid y Andalucía, los mayores de 65 años o pensionistas disfrutan de descuentos de hasta el 100%, otorgando, incluso, licencias indefinidas sin costo adicional.
Esta política de descuentos y exenciones se extiende también a otros colectivos, como familias numerosas y monoparentales, menores de edad y personas con discapacidad, como ocurre en comunidades como Extremadura, que reduce la cuota general un 50% y ofrece un 25% de descuento adicional a mujeres, jóvenes y cazadores federados.
Falta de transparencia en el gasto público
El informe de PACMA destaca, además, la dificultad para acceder a datos concretos sobre subvenciones, ayudas y convenios relacionados con la actividad cinegética. «La Base de Datos Nacional de Subvenciones ofrece sistema de filtrado muy poco afinado, y los portales de transparencia de muchas comunidades autónomas se muestran desactualizados o carecen de la información necesaria para evaluar adecuadamente los beneficios fiscales de esta actividad», detalla Yolanda Morales, portavoz del Partido.
PACMA, que aboga por la abolición definitiva de la caza y su reemplazo por métodos de control éticos, llama a un debate urgente sobre la rentabilidad y la legitimidad de las subvenciones al sector cinegético que, en su opinión, recibe un apoyo económico desproporcionado en comparación con la disminución de su relevancia social y de su número de practicantes.
“Los datos confirman lo que muchos ciudadanos sienten: estamos subvencionando una actividad cruel y en declive, con un alto coste para el contribuyente y un enorme impacto negativo sobre los animales y el medioambiente,” concluye Luna.
