En la reunión mantenida ayer martes en Valladolid por los representantes de la plataforma Stop macro-plantas macro-granjas de Castilla y León con el director general y el jefe de Prevención Medio Ambiental
de Castilla y León, que coincidió con una concentración de ciudadanos de localidades afectadas
en la puerta de la Consejería de Infraestructuras, desde esta plataforma se considera que no se ha tenido en cuenta el desarrollo de una legislación y planificación que sirva para regular la instalación de este tipo
de industrias.
«Se nos ha remitido únicamente a la Ley de Prevención y Control Integrada Ambiental de la Contaminación, puesto que según sentencia del TSJCYL no es de aplicación en esta autonomía el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, de ámbito Nacional», indican, a la vez de señalar que «se nos insiste que desde la Junta de Castilla y León solo tramitan procedimientos administrativos según la norma, que consiste en elaborar un breve informe para determinar si hay alguna
deficiencia técnica, en cuyo caso se le requiere al promotor para su subsanación».
Deficiente elaboración de proyectos en el BOCYL
Ante lo que consideran una deficiente elaboración de los proyectos publicados en el BOCyL,
«somos nosotros los ciudadanos quienes nos vemos obligados a realizar el análisis pormenorizado de todos los estudios básicos que presentan los promotores mediante las correspondientes alegaciones. Con carácter general este tipo de anuncios en el BOCyL resultan deficientes en su contenido, obvian la legislación sobre prevención de la contaminación, y no cumplen con la ley 21/2013 de evaluación ambiental».
Para la plataforma, el anuncio del BOCyL y la documentación publicada entienden que «no reúnen los requisitos mínimos legalmente establecidos para abrir el trámite de información pública de autorización ambiental y estudio de impacto del expediente de referencia».
También se exigió por parte de los representantes de las plataformas «mayores garantías financieras ante posibles incidentes graves que afectaran al entorno (véase lo sucedido en la planta de Aznalcóyar), normas tales como la Normativa de Residuos y la Normativa de Responsabilidad Medio Ambiental, a lo que se nos contestó que estas normas se pondrían en práctica una vez finalizada la construcción de estas plantas, circunstancia que no acaba de convencernos».
Hacen una crítica en cuanto a que la inmensa mayoría de los proyectos actuales (más del 80%) que figuran en la página web de la Junta Castilla y León consisten en la tramitación de expedientes de macro-granjas, sirvan de ejemplo Venialbo (Zamora) Cuéllar (Segovia), Garciahernández (Salamanca), siendo una de las provincias más afectadas la de Segovia; lo que les da pie a suponer que todo va relacionado con la proliferación de plantas de biogás- biometano proyectadas en la región y que pudieran llegar en un futuro.
Respecto a la distancia que debiera haber entre este tipo de instalaciones y zonas habitadas se afirmó por parte del director general que no se iban a permitir aquellas situadas a menos de 700 mts., y se citaron como ejemplo Coreses (Zamora), Babilafuente y Doñinos (Salamanca) y Fuentelcesped (Burgos). Para los interlocutores con el director general consideran que «también se debe tener en cuenta el estudio de otros factores como es la dirección predominante de los vientos».
Los representantes de la plataforma Stop macro-plantas macro-granjas de Castilla y León aseguran que salieron de la reunión con el director general y el jefe de Prevención Medio Ambiental «más preocupados que cuando entramos, pues la administración no nos ofrece garantías, trasladando a los ciudadanos la responsabilidad de seguir vigilantes una vez estas empresas estén instaladas».
