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PP y Vox dejan a los agentes medioambientales sin respaldo en Castilla y León, según el Grupo Socialista

Denuncian incumplimientos y falta de apoyo para los cuerpos de prevención y extinción de incendios

El Partido Popular (PP) y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley que, según el Grupo Socialista, buscaba mejorar la regulación y reconocimiento de los agentes medioambientales (AAMM). Esta medida, impulsada por los socialistas y su portavoz de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, tenía como objetivo proporcionar una mejor estructura y protección a este colectivo clave en la prevención y extinción de incendios en la región.

Castilla y León, la comunidad con peor regulación para los agentes medioambientales, según el PSOE

De acuerdo con Vázquez, Castilla y León cuenta con la peor regulación para los AAMM en toda España. Este colectivo, fundamental en la gestión de los incendios forestales, ha sido abandonado a su suerte por las autoridades regionales, quienes, según el Grupo Socialista, no han cumplido con acuerdos esenciales. Uno de los principales incumplimientos señalados es el acuerdo del Diálogo Social de septiembre de 2022, que surgió tras los devastadores incendios en la Sierra de la Culebra y que, según Vázquez, ha sido desatendido «en lo esencial».

A pesar de los continuos esfuerzos del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), que ha presentado más de cien iniciativas parlamentarias en los últimos diez años, el PP y Vox han reiterado su negativa a cualquier avance legislativo que regule adecuadamente las funciones y condiciones laborales de los agentes medioambientales.

Una propuesta socialista que busca equiparar a Castilla y León con el resto de España

Vázquez destacó que, en la mayoría de las comunidades autónomas de España, se reconoce la figura del bombero forestal, un papel esencial para la protección del medioambiente y la seguridad de los habitantes. Sin embargo, en Castilla y León, esta figura aún no cuenta con el reconocimiento necesario. La Proposición de Ley, según los socialistas, buscaba crear un Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales público, dotado de recursos suficientes y coordinado, algo que el PSOECyL considera «imprescindible» para hacer frente a los incendios forestales que cada verano amenazan la región.

«El voluntariado es importante, pero no puede ser sustitutivo del Operativo público», sostienen desde el Grupo Socialista

El Grupo Socialista también ha resaltado la importancia de que el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales sea público y homogéneo. Aunque reconocen la valiosa labor del voluntariado y la iniciativa privada en este campo, insisten en que su papel debe ser complementario y no reemplazar los cuerpos oficiales.

Vázquez lamentó que, aunque Castilla y León cuenta con algunos de los mejores profesionales en la lucha contra incendios forestales, son los peor tratados debido a la falta de respaldo por parte de la Junta, que tiene la competencia exclusiva en esta materia, según el PSOE.

Incertidumbre para 800 agentes medioambientales en Castilla y León

En España, existen aproximadamente 6.000 agentes medioambientales, de los cuales 800 están en Castilla y León. Este colectivo, según los socialistas, sigue esperando una regulación que reconozca su labor y mejore sus condiciones laborales, algo que el PSOE considera prioritario pero que, hasta el momento, ha sido bloqueado por el PP y Vox en la comunidad.

La falta de avances en este sentido genera incertidumbre entre los agentes medioambientales, quienes enfrentan condiciones cada vez más difíciles para llevar a cabo su labor.

El futuro de los agentes medioambientales depende de una legislación pendiente, según el PSOE

La situación de los AAMM en Castilla y León sigue siendo una asignatura pendiente, de acuerdo con el Grupo Socialista en las Cortes. Denuncian que la Junta no ha mostrado interés en mejorar la regulación de este cuerpo esencial para la protección del medioambiente. El rechazo por parte de PP y Vox deja en el aire el futuro de cientos de trabajadores y pone en riesgo la capacidad de la comunidad para responder eficazmente a los incendios forestales.

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