El Defensor del Pueblo admite queja contra la Junta de Castilla y León
El Defensor del Pueblo ha dado un paso significativo al admitir una queja presentada contra la Junta de Castilla y León. Esta queja, impulsada por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), denuncia la publicación de una imagen en el Portal de Turismo de la Comunidad, donde se muestra a un cerdo con un gancho clavado en la papada, en el contexto de la tradicional matanza del cerdo. ANPBA considera que esta imagen no solo es inapropiada, sino que también contradice la ley de protección animal vigente en la región.
Una imagen controvertida en la web oficial de turismo
La imagen en cuestión ha generado una fuerte reacción, pues ANPBA sostiene que puede «inducir a error» a los visitantes del portal oficial, presentando una práctica que no está permitida en Castilla y León. Según la organización, “el uso del gancho en la matanza del cerdo no solo es inapropiado, sino que también va en contra de las normativas de bienestar animal”. Esta discrepancia llevó a la ANPBA a presentar una queja formal ante la Junta, solicitando la eliminación de la imagen del portal.
ANPBA y su derecho fundamental de petición
La ANPBA hizo uso del derecho fundamental de petición, un mecanismo legal que obliga a las Administraciones Públicas a responder y motivar sus decisiones frente a solicitudes ciudadanas. Sin embargo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, liderada por Gonzalo Santonja, no respondió dentro del plazo legal de tres meses, lo que llevó a la ANPBA a elevar el asunto al Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo toma acción
Tras revisar la queja, el Defensor del Pueblo decidió admitirla a trámite, señalando que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución. El organismo iniciará una investigación en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, y se informará a ANPBA sobre el progreso de la misma.
Implicaciones para la Junta de Castilla y León
La decisión del Defensor del Pueblo es un recordatorio para la Junta de Castilla y León sobre la importancia de respetar y reflejar fielmente las tradiciones y leyes en sus plataformas oficiales. La controversia subraya la creciente sensibilidad hacia el bienestar animal en España y la necesidad de que las autoridades sean cuidadosas al representar prácticas culturales en sus medios.
