Ana Sánchez, secretaria da Organización en funciones del PSOE de CyL, sostiene que se trata de “uno más de tantos” casos que asolan un PP de Castilla y León “carcomido por la corrupción”.
La secretaria de Organización en funciones del PSOECyL, Ana Sánchez, ha pedido explicaciones a Fernández Mañueco tras conocerse hoy la sentencia por el macro juicio de la Perla negra, que ha condenado a dirigentes del PP que ocuparon altos cargos en la Junta de Castilla y León.
Sánchez señaló que “alguien tendrá que dar explicaciones a la ciudadanía ante el dinero desvalijado a los castellanos y leoneses y que no se ha invertido en educación, servicios sociales, oncología o medidas para
luchar contra la despoblación”.
Afirmó que este caso ha demostrado que ha habido “amiguetes del PP beneficiados por la malversación de caudales públicos y corrupción administrativa” instalada en la “estructura institucional” de un
Gobierno autonómico en el que “Mañueco ya estaba allí” como consejero de Presidencia y de Interior y Justicia.
“Quién asume responsabilidades políticas de los que les nombraron. Quién dará explicaciones por formar parte de un partido carcomido por la corrupción y que ha llevado esa corrupción a la estructura institucional de la Junta de Castilla y León”, se cuestionaba Sánchez.
Se trata, dijo, de “uno más de tantos casos de corrupción que rodean al PP de Castilla y León” tras comprobar, en sentencia firme, la implicación directa de dirigentes del PP que ocuparon altos cargos en la Junta de Castilla y León cuando Mañueco formaba parte del Gobierno autonómico.
Se trata de los ex viceconsejeros de la Consejería de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y del que fuera consejero de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.
Por su parte, desde la Junta de Castilla y León y a la luz de la sentencia se remite un comunicado que se reproduce íntegramente:
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria en el caso del Edificio de Soluciones Empresariales, construido en Arroyo de la Encomienda, y de la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo, parcialmente de conformidad con lo solicitado respecto a los delitos y las penas en el escrito de acusación formulado por la Junta de Castilla y León.
Respecto al total de las penas impuestas de prisión y de inhabilitación, son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Junta de Castilla y León, siendo las solicitadas por las otras acusaciones más elevadas.
La Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados que exigía en su escrito de acusación. En concreto, la sentencia condena a los acusados RDN, GJMG y ARML a pagar, de forma solidaria, por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo la cantidad de 4.512.066,29 euros a la Administración autonómica, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 S.L. Por otro lado, por el caso de los terrenos de Portillo, condena a los acusados RDN, LARG, FEG, LARH y CGM a indemnizar en la cantidad de 2.026.198,37 euros a la Junta de Castilla y León, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y de Cementos La Bureba S.L.
La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta de Castilla y León en su papel de acusación particular como especialmente relevante para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular.
Respecto a la posibilidad de interposición de recurso contra esta resolución judicial, ya que la sentencia es definitiva pero no firme, la Administración autonómica estudiará detenidamente los fundamentos de la sentencia, y decidirá posteriormente, dentro del plazo existente para ello, si presenta dicho recurso, sin perjuicio de la presunción de inocencia y del legítimo ejercicio de derecho de defensa de los condenados, que también podrán recurrir.
