La campaña para solicitar las ayudas de la PAC ha arrancado este 1 de febrero y se extenderá, en principio, hasta el 30 de abril.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural espera recibir en torno a 65.000 solicitudes únicas, que permitirán transferir a las cuentas de los agricultores y ganaderos cerca de 1.000 millones de euros.
Jesús Julio Carnero ha destacado que se trata de una campaña de transición hacia la reforma de la PAC, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero de 2023.
Castilla y León está inmersa en un momento especial, dado que debido a la Covid-19 será necesario reforzar los modelos de gestión telemática “y ofrecer más flexibilidad en los controles sobre el terreno para evitar al máximo posible los contactos presenciales”, apunta el consejero.
Por ello, señala que “se garantizará el mayor grado de flexibilidad posible a los agricultores y ganaderos, de forma similar al año 2020 si fuera necesario, con medidas como la concesión de más tiempo para que las entidades y administraciones puedan tramitar las solicitudes correctamente, el aumento de los anticipos para los pagos directos y las ayudas al desarrollo rural o la reducción de las tasas de control”.
Una de las medidas que autorizó la Comisión fue la reducción de los controles físicos sobre el terreno y la autorización del incremento de los anticipos de pago, aumentando los anticipos de pagos directos (del 50% al 70%) y los pagos de desarrollo rural (del 75% al 85%), eximiendo, al mismo tiempo, haber finalizado los controles sobre el terreno para abonar dichos anticipos.
El consejero ha valorado este conjunto de medidas excepcionales y ha añadido que “en estos momentos se está trabajando para que puedan ser también contempladas en la campaña 2021, habiendo solicitado ya al Ministerio, a través del FEGA, que se profundice en las medidas del año anterior y en su caso se mantengan comprometiéndose también a proponer medidas adicionales”.
Todo esto permitió efectuar los pagos desde el primer día hábil posible, 16 de octubre, de forma que a mediados de diciembre ya se habían abonado el 95% de los importes de todas las líneas de ayudas directas posibles en los porcentajes que el FEGA ha establecido. Castilla y León, una vez más, ha sido la única Comunidad Autónoma de España que ha abonado todas ellas con el nivel más alto de ejecución.
Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha vuelto a conseguir que se efectúen, en el mismo año de solicitud, los pagos de las medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) correspondientes a las medidas de agroambiente y clima, la agricultura ecológica y las indemnizaciones compensatorias a zonas de montaña.
Normativa estatal
El Ministerio de Agricultura ha adaptado ya el valor de los derechos que los perceptores de la PAC podrán utilizar en la Solicitud Única de 2021, de acuerdo a lo establecido en la normativa estatal que recientemente ha aprobado.
Se han flexibilizado las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.
Incluye limitaciones en el uso de pastos de titularidad pública y de uso en común, para evitar la creación de condiciones artificiales y limitando su elegibilidad en el caso de ser declarados, a que sean aprovechados directamente por el ganado del solicitante.
Reduce la ayuda asociada a las legumbres de calidad a las figuras que, por indicación de la Comisión Europea, están amparadas por la propia normativa comunitaria, eliminándose en el caso de Castilla y León el garbanzo pedrosillano y el judión de la granja.
Respecto a la condicionalidad, y respondiendo a la ambición ambiental que desde hace años forma parte de la PAC, se ha incluido un nuevo requisito que penaliza la recolección mecánica nocturna en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje y en los que se produzca la anidación o pernoctación de aves, con objeto de proteger a las aves durante la época de cría y reproducción. Fundamentalmente afecta al olivar superintensivo de otros territorios de España.
