Las infracciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado en Castilla y León a través de la Ley de Seguridad Ciudadana se han incrementado en los últimos cinco años un 53,1 por ciento. Si en 2018 se impusieron en la Comunidad 9.256 infracciones relacionadas con estupefacientes, por una cuantía de 6,1 millones de euros, el pasado fueron 14.272 las sanciones por importe de 9,2 millones, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la Agencia Ical.
Las sanciones relacionadas con las drogas suponen casi siete de cada diez multas impuestas por la llamada ‘Ley Mordaza’ (68,3 por ciento). En total, el pasado año se impusieron en la Comunidad 20.746 multas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 47,2 por ciento más que en 2018 (11.736). En total, la recaudación de las sanciones superó los 12,5 millones de euros, un 51,6 por ciento más.
En cuanto a consumo o tenencia de drogas, Burgos se situó en cabeza el pasado año con 2.551 infracciones y una recaudación de 1,7 millones, por delante de Valladolid, con 2.477 (1,6 millones); León, con 2.015 (1,3 millones); Zamora, con 1.741 (1,1 millones), y Salamanca con 1.580 (1 millón). En el extremo opuesto se situó Soria, con 768 (517.340 euros), y Ávila, con 875 (583.181). En Palencia se interpusieron 1.068 multas (745.637 euros) y en Segovia 1.097 (720.445).
Después de las drogas, el mayor número de sanciones estuvo relacionada con las armas. La ley, en su artículo 36.10, castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aun cuando se tuviera licencia. En total, por hechos relacionados con la tenencia de armas y explosivos se interpusieron en la Comunidad 2.349 sanciones, un 25,3 por ciento más que en 2018, por las que el Estado recaudó algo más de 1,4 millones de euros.
Falta de respeto
La tercera infracción más común en la Ley Mordaza son la falta de respeto a los agentes. El pasado año se tramitaron 1.888 (+35,4 por ciento), con una recaudación 338.401 euros. El artículo 37.4 estable como sanción leve las falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
Además, las infracciones por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6), considerado como falta grave, también se incrementaron y pasaron de 778 a 1.287 (+65 por ciento).
Pago voluntario
El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado. No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.
A nivel nacional, el pasado año se tramitaron 284.512 sanciones, frente a las 249.665 de 2018, lo que representa un incremento de casi el 14 por ciento. En el caso de la cuantía de las multas, se pasó de 149,2 millones a 174,7 (+17 por ciento). Además, en el conjunto del país, siete de cada diez sanciones que se imponen (198.820) también están relacionadas con el consumo de estupefacientes.
