Desde UCMR (Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias) se da por terminada la campaña estatal de recogida de firmas, contra los avisos previos que, desde las distintas administraciones autonómicas, se dan a las residencias, cuando van a ser visitadas por las inspecciones. Con los siguientes resultados:
firmas recogidas: 53.668. La petición fue compartida 12.500 veces y visualizada 110.000 veces en las redes.
Consideran la campaña todo un éxito, ya que «la denuncia ha llegado a 110.000 personas, que ahora están informadas de lo que ocurre con buena parte de las inspecciones que se hacen en España a las residencias de mayores y dependientes», indican en un comunicado remitido.
Avisos previos a los centros de mayores
A día de hoy, «en la mayoría de las Comunidades Autónomas, los responsables de las residencias
y demás centros de atención a dependientes son avisados, con antelación, de las visitas de las
inspecciones de servicios sociales, incluso, en caso de denuncia de un familiar, son informados
del objeto de la misma, con el tiempo suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las
inspecciones y simular un impecable funcionamiento«, explican.
Recordando, además, que sin una inspección eficaz no se puede garantizar un servicio con un mínimo de
calidad, ni el bienestar de los residentes, ni el cumplimiento de los ratios de personal, ni investigar quejas y reclamaciones, ni velar por la asistencia sanitaria, comida, higiene, calidad de los servicios, malos tratos sen investigar… etc..
Señalan también que «trabajadoras, familiares, usuarias, asociaciones de pensionistas, incluso de vecinos y otras, llevan años denunciando públicamente y ante los poderes públicos esta práctica corrupta, tan conocida por familiares y trabajadoras como ocultada y negada, una y otra vez, por las Administraciones responsables, pero se niegan a investigarlo y sobre todo a adoptar protocolos que impidan esta práctica».
Los chivatazos son el eslabón dentro de un proceso torticero
Desde UCMR, no ponen en entredicho la labor de los funcionarios inspectores. Sin embargo, cuestionan seriamente la capacidad de gestión y la labor de los cargos superiores, responsables de establecer y usar, premeditadamente, métodos de trabajo disruptivos en la prestación del servicio público; que no blindan el secreto de las inspecciones y facilitan esta práctica.
Como conclusión, advierten que los “chivatazos” descritos «no son más que un eslabón dentro de un proceso torticero, que incluye caducidad de expedientes, prescripción de faltas, o aplicar sanciones ridículas en las que el lucro es de decenas de miles de euros superior a la sanción»
Por todo eso, reclaman que se establezca un protocolo, de obligado cumplimiento, que garantice el secreto en las inspecciones, los hay, por ejemplo permitir que el inspector decida el centro a inspeccionar entre los que tenga asignados para ese mes, informando a sus superiores solo en el momento de iniciar la inspección.
