CCOO, CSIF, UGT y USCAL denuncian que la propuesta de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que la Junta de Castilla y León pretende llevar a cabo, va a eliminar más de 70 plazas de agentes medioambientales, “cuando actualmente tenemos que cubrir extensiones de terreno desproporcionadas, y ni siquiera podemos trabajar en pareja de forma habitual por la falta de efectivos”, aseguran los agentes.
La consecuencia directa de estas medidas es que se va a comprometer la defensa del medio ambiente, ya que “somos el servicio público que lucha contra el furtivismo y la apropiación indebida de los recursos naturales, y sin efectivos la Junta no puede garantizar este servicio público”.
La Junta de Castilla y León visibiliza, en su propuesta de RPT, el desprecio absoluto que tiene hacia el trabajo de los agentes medioambientales, dejándoles en el nivel más bajo de toda la administración, y con unos complementos por riesgos y complejidad de funciones muy por debajo del resto de funcionarios, a pesar de que se relacionan con personas armadas en la gestión y vigilancia de la caza y la pesca, y participan en todas las emergencias que puedan producirse en el medio natural a requerimiento del 112, afirman los sindicatos.
Hay que recordar que, además de ser agentes de la autoridad, entre las funciones de ese colectivo está la vigilancia de la pesca y la caza; recogida de animales silvestres enfermos o heridos; erradicación de especies exóticas invasoras; prevención y extinción de incendios forestales; control de vertidos y contaminación; participar en campañas de viabilidad invernal; o atender las necesidades y emergencias de la ciudadanía en el entorno natural. Trabajos que muchas veces implican riesgos personales y situaciones complejas, a pesar de que la administración autonómica “decida ignorar a los agentes medioambientales en su propuesta”.
“La prueba de su inquina hacia nuestro colectivo es que ni siquiera nos van a incluir en el
concepto de puesto ultraperiférico, refiriéndose a estos como los puestos en las localidades
más asiladas o despobladas, cuando precisamente somos un servicio esencial en ese ámbito, y
mientras sí que se les compensa a los demás trabajadores públicos, algo que es totalmente discriminatorio hacia los agentes medioambientales”, señalan los sindicatos.
Recuerdan que durante el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, “fue nuestro colectivo el que repartió material básico (medicamentos, mascarillas, material escolar), realizamos labores de desinfección en residencias, desplazamos a los centros de salud a personas para darse tratamientos médicos, y nos preocupamos del bienestar de los vecinos más vulnerables de estas localidades aisladas e inaccesibles de nuestra Comunidad”.
Supresión de guardias de emergencias
Desde el 20 de octubre, la Junta ha suprimido las guardias de emergencias de agentes medioambientales, “una medida que además de una temeridad, es un incumplimiento de la normativa estatal que obliga a las autonomías a disponer de un operativo de incendios forestales todo el año y con recursos, desde agosto de 2022”.
La Junta sigue empeñada en que solo hay incendios en verano, y no quiere asumir que con el cambio climático los patrones han cambiado y puede haber incendios devastadores fuera de la época de peligro alto, como sucedió en los incendios de Zamora de 2022, en los que se perdieron vidas humanas, además de provocar una catástrofe medio ambiental, remarcan los sindicatos.
En marzo de este año, la Junta intentó imponer unas guardias a bajo coste, y hasta el verano había un agente de guardia para cuatro comarcas, algo que ya resulta muy precario. Pero desde el 20 de octubre, “directamente han suprimido las guardias, y la realidad es que a día de hoy no hay agentes medioambientales de guardia 24 horas para actuar inmediatamente, en caso de ser requeridos por el 112 para dirigir las labores de extinción de incendios forestales, o para coordinar los medios del operativo en emergencias naturales en colaboración con Protección Civil.
“Con lo que estamos viendo en estos años en los incendios de Portugal, Grecia o Italia, la nefasta gestión que está haciendo el consejero Suárez Quiñones es un acto de irresponsabilidad, en el que se compromete el medio ambiente de la sociedad actual y el de las generaciones futuras”, subrayan los sindicatos.
Este lunes se han llevado a cabo asambleas en León y Zamora (por la tarde), y hasta el día 9 se celebrarán en todas las provincias de la Comunidad.
