Un convenio clave para la proximidad tributaria
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado la renovación del convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este acuerdo, con una dotación de 18 millones de euros distribuidos en cuatro años, garantizará el funcionamiento de las 55 Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario en las nueve provincias de la Comunidad hasta el año 2028.
El convenio permitirá a estas oficinas continuar prestando servicios esenciales relacionados con la gestión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. Este modelo de colaboración busca ofrecer una atención tributaria cercana y accesible, especialmente en las zonas rurales.
55 oficinas distribuidas por toda la Comunidad
La red de oficinas liquidadoras complementa los servicios ofrecidos por los Servicios Territoriales de Hacienda, fortaleciendo la capacidad de la Junta para atender a los contribuyentes en todo el territorio. Las oficinas están diseñadas para garantizar que los residentes de las áreas rurales puedan cumplir con sus obligaciones fiscales sin desplazamientos innecesarios.
En la provincia de Zamora, estas oficinas están ubicadas en:
- Alcañices
- Benavente
- Bermillo de Sayago
- Fuentesaúco
- Puebla de Sanabria
- Toro
- Villalpando
Tres décadas de colaboración fructífera
Desde 1995, la Junta y el Colegio de Registradores han mantenido una estrecha cooperación para gestionar de manera eficiente los impuestos relacionados con transmisiones patrimoniales y sucesiones. Este convenio actualiza y extiende un marco de colaboración que ha demostrado ser exitoso durante casi 30 años, asegurando que los contribuyentes reciban un servicio de calidad y cercano.
El convenio firmado en 2016, con vigencia hasta 2024, será reemplazado por este nuevo acuerdo que reafirma el compromiso de ambas partes de seguir trabajando juntas.
Una red esencial para la gestión tributaria
La regulación nacional, a través del Real Decreto 1629/1991, permite a las Comunidades Autónomas delegar funciones de gestión tributaria en estas oficinas, algo que ha sido esencial para Castilla y León dada su extensa geografía. Este modelo asegura que las necesidades tributarias de la población, tanto en núcleos urbanos como rurales, sean atendidas eficazmente.
