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La sesión plenaria del Ayuntamiento de Vega de Tera, convocada para este viernes 13 de septiembre a las 10:00 horas, como ya se adelantó en Benavente Digital, ha tenido que ser aplazada por las críticas de uno de los concejales del equipo de gobierno del PP que sustentan a la alcaldesa. Precisamente la regidora municipal convocaba el Pleno, primeramente en un escrito sin membrete oficial, aunque con la firma de la alcaldesa y el sello del Consistorio. Un hecho que se modificó más tarde con las bendiciones de secretaría y que fuentes municipales han atribuido su elaboración al asesor externo de la propia alcaldesa. Una sesión plenaria en la que la mayoría de los puntos del orden del día arremetían contra los concejales de la oposición y otro de los puntos se refería a la desafectación de las 27 hectáreas de terrenos comunales en el Ramajal de Junquera para poder ser cedidos a la empresa portuguesa Capwatt que pretende construir la planta de biogás, con gran rechazo vecinal , como viene publicando este medio.
El hecho es que nada más enviar la notificación de la convocatoria, a las diez de la mañana de ayer miércoles, desde la oposición, del grupo municipal de Zamora Sí, se afeaba esa convocatoria por su irregularidad al no cumplirse el plazo establecido que se computa de dos días hábiles desde la notificación. No obstante, el rechazo a la planta y a otras decisiones municipales de la alcaldesa vienen siendo objeto de análisis por parte del concejal popular de La Milla de Tera y han supuesto ya algún que otro rifi-rafe público entre el edil y la regidora como así se puso de manifiesto en aquella sesión con «una acalorada discusión», refleja el borrador del acta.
Por lo pronto, el Pleno convocado para este viernes 13 de septiembre ha quedado aplazado sine die y los asuntos a tratar en la sesión referentes a solicitud de documentación a determinados concejales, así como la desafectación de terrenos para la planta de biogás, tendrán que esperar. En el primer caso, porque la petición de solicitud es un tanto irregular, ya que tendría que realizarse mediante un proceso administrativo común como así prevé la legislación y, en el segundo caso, el de la desafectación de terrenos, de momento tendrá que contar con la mayoría del grupo popular.