Se estima que los investigados habrían obtenido un beneficio ilícito cercano al millón de euros y tras la investigación patrimonial, que se ha realizado en paralelo, han resultado congelados cerca de 100 inmuebles valorados en más de cuatro millones de euros.
En la trama, participarían funcionarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta.
La Guardia Civil, en la denominada operación “Pacquiao”, ha investigado a 22 personas físicas y ocho jurídicas por fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea, vinculadas a la sanidad y el bienestar animal.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Ayudas de la Política Agrícola Común (PAC)
El objeto de estas ayudas es apoyar las rentas de los agricultores y ganaderos con el fin de que se rentabilice la agricultura y se garantice la producción de alimentos seguros. Los derechos de estas ayudas son otorgados por la administración autonómica competente y deben llevar aparejados unas tierras y una actividad a ejercer sobre esa tierra.
Concretamente las ayudas analizadas en esta operación eran otorgadas en virtud de la realización de pastoreo con animales de abasto (destinados al consumo humano) en unos pastos asignados a cada solicitante.
45.000 euros de beneficio por ganadero al año
Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda.
Los ganaderos implicados recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por ganadero, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas.
Se ha podido demostrar además, que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia.
De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.
Una trama familiar encabezaba las operaciones
Este fraude estaba encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.
Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido Jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo.
Además, el Presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).
Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero, se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.
Se estima que el beneficio económico obtenido rondaría el millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.
A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.
Se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
Esta Operación, la primera llevada a cabo por parte de una unidad del SEPRONA con la Fiscalía Europea, ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). En la misma ha colaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.
