En el pasado mes de julio, agentes de la Guardia Civil del Seprona, observaron que en el
campamento romano Petavonium, ubicado en Rosinos de Vidriales, en el término municipal de Santibáñez de Vidríales, zona arqueológica catalogada como Bien de Interés Cultural por la legislación sobre Patrimonio Histórico, se estaban acometiendo diferentes intervenciones o prospecciones de carácter ilegal sobre la zona aledaña e incluso en el propio yacimiento arqueológico desconociéndose por el momento si pudieran ser de forma ocasional o profesional; si bien las prospecciones realizadas en esos terrenos, así como la profundidad de los mismos hizo pensar a los investigadores que pudieran ser compatibles con la extracción de restos arqueológicos.
Intensificándose los servicios encaminados a la vigilancia de estas zonas y yacimientos, así como a otros de especial relevancia y zonas o áreas en las que se pudieran estar utilizando detectores de metales con la intención de localizar algún tipo de objeto antiguo como fíbulas o monedas.
Los dispositivos desplegados dieron como resultado la interceptación por parte del Seprona de Benavente de tres varones que se encontraban acampados ocultos en las proximidades del campamento romano “Petavonium”. Estas personas portaban detectores de metales dispuestos para operar, herramientas tipo azada, linternas, útiles de limpieza, fundas para monedas y se les hallaron diferentes objetos tipo moneda y un tipo de fíbula romana.
Debido a la cantidad importante de excavaciones existentes, incluso dentro del propio yacimiento romano, hecho que había sido denunciado por uno de los trabajadores del yacimiento, se hacen cargo de las investigaciones componentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.
Como consecuencia de los hechos, se procedió a la investigación de tres personas como supuestos autores de un delito contra el Patrimonio Histórico, además uno de ellos fue investigado como autor de un delito de desobediencia al huir del control de los agentes que le identificaban.
Esta actividad es una práctica no permitida, ilegal y dañina que llevada a cabo por los “arqueofurtivos” expoliando yacimientos arqueológicos donde no sólo esquilman el patrimonio histórico, si no que ocasionan daños irreparables sobre los BIC (bienes de interés cultural) e incurriendo en una conducta constitutiva de un ilícito administrativo o penal que puede acarrear penas de prisión de hasta tres años o multa de doce a veinticuatro meses, hacen necesario acometer acciones coordinadas para la protección del patrimonio cultural. Una labor preventiva y de investigación en el ámbito de este tipo de delitos.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria, poniendo a disposición judicial los efectos incautados.
