Venezuela y el Sáhara Occidental: mandatos ignorados
El Gobierno de Pedro Sánchez concluye 2024 sin atender gran parte de las iniciativas aprobadas por el Congreso a lo largo de la legislatura, muchas de ellas impulsadas por la oposición sin el apoyo del PSOE. Entre los temas pendientes destaca la falta de medidas concretas respecto a Venezuela y el Sáhara Occidental.
En el caso venezolano, el Congreso aprobó en dos ocasiones, con el respaldo del PP, Junts y PNV, medidas de apoyo a la oposición política, incluido el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo, pero el Ejecutivo no ha avanzado en esa dirección. Tampoco ha adherido a España a la demanda de 2018 para que el Tribunal Penal Internacional emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, en junio, la Cámara Baja instó al Gobierno a retomar la tradicional posición de neutralidad activa de España sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, Sánchez mantiene el giro de 2022 que apoya el plan de autonomía marroquí.
Transparencia y auditorías: un terreno sin avances
Otro punto de fricción ha sido la negativa del Ejecutivo a abrir auditorías sobre los contratos de mascarillas vinculados a la llamada ‘trama Koldo’, a pesar de las solicitudes aprobadas por el Congreso. Ministerios clave como Sanidad e Interior no han investigado las posibles irregularidades, y tampoco se han encargado auditorías a la AIReF, como demandaba la Cámara.
Medidas económicas y sociales sin implementar
Entre las iniciativas económicas rechazadas, destaca la falta de aplicación de la deflactación del IRPF para compensar la inflación, aprobada en abril con el respaldo del PP, Junts, PNV y BNG. Tampoco se han materializado exenciones fiscales para menores de 34 años en sus primeros años laborales, ni se han eliminado los peajes de la AP-9 o recuperado indemnizaciones por retrasos del AVE.
En diciembre, el Ejecutivo también ignoró un mandato del Congreso que instaba a suspender el decreto ‘Gran Hermano Turístico’, que impone nuevas obligaciones de registro en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos.
Otras demandas desoídas
El Congreso aprobó en junio un mandato para justificar las ausencias de ministros en las sesiones de control, algo que el Gobierno tampoco ha cumplido. Además, se instó al Ejecutivo a respetar la doctrina del Tribunal Constitucional al vetar iniciativas parlamentarias por su impacto presupuestario, pero esta recomendación también ha sido ignorada.
