Dos años de prisión para un constructor por una estafa

El condenado deberá indemnizar con 14.990 euros y pagar las costas tras dejar una vivienda sin tejado y en condiciones de abandono.

Justicia para una víctima de estafa en San Cristóbal de Aliste

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la sentencia que condena a dos años de prisión a un constructor por un delito continuado de estafa. La resolución, que respalda el fallo previo de la Audiencia Provincial de Zamora, también obliga al condenado a pagar 14.990,69 euros de indemnización y asumir las costas del proceso judicial.

El caso tuvo su origen en 2021, cuando la víctima contactó con el constructor a través de milanuncios.com, una conocida plataforma de clasificados. Lo que parecía ser un acuerdo legítimo para reparar el tejado de una vivienda en San Cristóbal de Aliste, terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Un esquema de engaño bien orquestado

Según los hechos probados, el condenado solicitó diversas sumas de dinero a lo largo del proyecto bajo pretextos relacionados con la obra, llegando a reclamar hasta 5.643 euros en un solo pago. Mientras tanto, las excusas eran frecuentes: desde retrasos en los permisos hasta problemas técnicos.

El engaño quedó al descubierto cuando la víctima, preocupada por la falta de avances, se dirigió al Ayuntamiento de San Vitero para indagar sobre la supuesta licencia. Allí se le informó que no se había solicitado ningún trámite, lo que confirmó las sospechas.

En un último intento de mantener la fachada del proyecto, el constructor envió a tres operarios a desmontar el tejado. Lo hicieron en solo tres días, dejando la casa desprotegida y rodeada de escombros en la vía pública antes de desaparecer.

Un fallo judicial ejemplar

Tras este episodio, la víctima emprendió acciones legales. Primero, la Audiencia Provincial dictó sentencia condenatoria, y ahora el TSJCyL ha confirmado el fallo, reforzando la condena. Esta decisión pone de relieve la importancia de actuar contra este tipo de prácticas fraudulentas.

La resolución judicial no solo busca resarcir los daños materiales ocasionados, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de aprovecharse de la buena fe de los ciudadanos.

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