La Junta de Castilla y León, encabezada por su presidente Alfonso Fernández Mañueco, ha registrado este martes, 10 de septiembre, un recurso contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta acción forma parte de una estrategia para defender los principios constitucionales del Estado de Derecho y la igualdad entre todos los españoles.
La defensa de la Constitución y el Estado de Derecho
Según el comunicado de Fernández Mañueco, difundido a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’ (anteriormente Twitter), el recurso está fundamentado en la necesidad de preservar los pilares básicos de la Constitución, entre los cuales destaca el principio de igualdad. El mandatario de la Junta insiste en que este principio garantiza que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o lugar de residencia, sean tratados de manera equitativa ante la ley.
La recusación de magistrados clave
Además del recurso, la Junta de Castilla y León ha solicitado la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional: Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. El Gobierno autonómico considera que estos magistrados tienen una «acreditada vinculación con el asunto recurrido» y, por tanto, deberían abstenerse de participar en el análisis de este caso. Esta medida subraya la importancia que la Junta otorga a la transparencia y neutralidad en el proceso judicial.
Un debate que divide a la sociedad
El recurso presentado por la Junta de Castilla y León se suma a una serie de acciones legales y políticas en contra de la controvertida Ley de Amnistía, que ha generado un intenso debate en todo el país. Mientras algunos sectores consideran que la ley contribuye a la reconciliación y el diálogo, otros, como el Gobierno castellanoleonés, creen que vulnera los principios básicos de la Constitución y socava el Estado de Derecho.
