La lucha contra el cartel de pañales para adultos
Catorce comunidades autónomas en España están preparando demandas judiciales para reclamar más de 1.750 millones de euros a los fabricantes de pañales para adultos que, durante diecisiete años, manipularon ilegalmente el mercado para inflar los precios. Esta acción judicial masiva tiene lugar ocho años después de que se destapara el fraude y el Tribunal Supremo confirmara las últimas multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por un valor total de 60 millones de euros.
La reacción de las autonomías
El primer paso en esta lucha lo dio Cataluña, que hace un año y medio presentó una reclamación de 526 millones de euros. Ahora, Andalucía ha anunciado una demanda aún mayor, superando los 600 millones de euros. Otras comunidades también han decidido tomar medidas:
- Galicia exigirá aproximadamente 350 millones.
- País Vasco reclamará más de 100 millones.
- Madrid pedirá 80 millones.
- Murcia demandará 50 millones.
- Baleares reclamará 27 millones.
- Asturias pedirá 18 millones.
Además, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Navarra han confirmado que presentarán demandas, aunque aún están evaluando las cuantías exactas. Cantabria es la única comunidad que ha decidido no emprender acciones legales, mientras que Canarias y La Rioja no se han pronunciado sobre el tema.
Multas confirmadas y la estrategia empresarial
El origen de estas demandas se remonta a 2016, cuando la CNMC impuso multas a siete fabricantes de pañales para adultos y a la Federación Española de Fabricantes (Fenin). Se probó que estas empresas habían conformado un cartel desde 1996 hasta 2013 para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas, que luego comercializaban el producto a través de farmacias. Las empresas sancionadas incluyen a:
- Arbora & Ausonia, SLU (sucedida por Procter & Gamble España, SA).
- Laboratorios Indas, SAU.
- SCA Hygiene Products.
- Laboratorios Hartmann, SA.
- Ontex ID, SAU.
- Barna Import Médica.
- Textil Planas Oliveras, SA.
- Algodones del Bages, SAU.
La CNMC determinó que estas compañías controlaban el 95% del mercado, afectando a un sector crucial, dado que los pañales para adultos son un producto esencial para 2,5 millones de personas en España que sufren de incontinencia urinaria grave.
Además de fijar precios, las empresas también llevaron a cabo estrategias legales para frenar las licitaciones públicas de las autoridades sanitarias, lo que les permitía mantener sus ingresos competitivos mediante la venta a través de farmacias.
A pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio de Salud aún no ha decidido si presentará su propia demanda contra las empresas implicadas. Según fuentes oficiales, están “estudiando el asunto”.
