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La auditoría acredita que hasta el año que viene los montes de Castilla y León adheridos a este sistema de carácter voluntario podrán beneficiarse de que sus productos salgan al mercado con el sello PEFC, que garantiza a los consumidores que los productos que consumen proceden de bosques cuya gestión es respetuosa con los valores de conservación y mejora de los mismos, de forma que se asegura su persistencia para las generaciones venideras.
El sello PEFC ha evaluado la gestión forestal que se lleva a cabo en cuatro Unidades de Gestión Forestal, dos en cada provincia. Además de otros montes de menor relevancia, en Zamora se ha analizado un Grupo Ordenado de Montes con gran extensión superficial (4.501,91 hectáreas), y en León, un monte emblemático también de gran dimensión, el Valdesamario, con 4.955,31 hectáreas.
El examen se ha desarrollado este año con medios telemáticos como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la COVID-19 y con el empleo de las nuevas tecnologías, con la sustitución de las visitas de campo por el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica e información gráfica y digital reciente de las Unidades de Gestión Forestal, lo que ha permitido constatar que se lleva a cabo una gestión en los montes de Castilla y León muy acorde con los avances tecnológicos existentes en la actualidad.
Hasta el año que viene, en que se realizará una auditoría de revisión, se van a poder beneficiar de este sello de calidad en la gestión 746.411,12 hectáreas de montes en Castilla y León, que representan el 25 % de la superficie forestal arbolada total de la Comunidad (2.982.318 hectáreas), justo el doble de la media nacional, que se sitúa en el 12,5 %, y el 80,5 % de la superficie ordenada total existente en Castilla y León (927.441 hectáreas).
La Comunidad sigue siendo la autonomía que más superficie aporta a la certificación forestal por el sistema PEFC a escala nacional, siendo su aportación el 32,5 % del total de la superficie PEFC certificada en España (2.299.352 hectáreas).
En torno al 93 % de la superficie certificada es aportada por los montes gestionados directamente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (montes de utilidad pública y consorciados) y el resto, el 7 % de la superficie certificada, es aportada por otros propietarios, tanto de titularidad pública como privada. Del conjunto de montes gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, más del 50 % de la superficie arbolada se encuentra certificada.
La certificación forestal, garantía de explotación sostenible
La certificación de la gestión forestal es un proceso que se inició en España a principios de este siglo, haciendo una primera tentativa Castilla y León de adherirse a este sistema en el año 2004, para posteriormente, a partir del año 2007, seguir en un proceso de evaluación continua que se mantiene hasta la fecha. La certificación de la gestión forestal sostenible es un proceso voluntario que requiere, para adherirse a él, que el monte esté sometido a un instrumento de planificación forestal aprobado por la administración competente y que se cumpla con los requisitos exigidos por el estándar de certificación en la gestión del monte.
En Castilla y León, una parte de la superficie forestal ordenada, tanto pública como privada, y que, por tanto, cuenta con instrumento de planificación forestal, se ha acogido al sistema de certificación de Gestión Forestal Sostenible por el sistema PEFC, que garantiza que la gestión de esas superficies forestales se realiza con criterios de sostenibilidad, dando garantía a los consumidores finales que están usando productos que no proceden de bosques explotados más allá de sus límites biológicos.
Este reconocimiento se logra con la posibilidad de incorporar el logo del sello PEFC en todos los productos elaborados con los recursos procedentes de los montes certificados (madera, leñas, miel, aromáticas, etc.).
La Entidad Solicitante Regional es la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCYL). Todos los años se hacen dos auditorías de certificación, una interna, promovida por la propia Entidad Solicitante Regional (MIMCYL), que este año afectó a las provincias de Valladolid y León, con resultado igualmente favorable, y otra externa, que la realiza otra tercera entidad que está acreditada para certificar por el sistema PEFC, y que es la que se ha realizado durante la semana pasada.