ASAJA CyL exige a la Junta la liberación de 185 millones de euros de la PAC ya autorizados por el Ministerio

ASAJA pide a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León que libere los 185 millones de euros que faltan por abonar a los agricultores y ganaderos, ya que la situación está creando un serio problema financiero a miles de familias agricultoras y ganaderas. 

Tal y como ha comunicado ASAJA de Castilla y León, la razón por la que la junta no ha liberado estos fondos es por un retraso administrativo, ya que faltan muchos controles por efectuar en las distintas líneas de ayudas, lo que ha llevado a bloquear los pagos para que no haya hipotéticos ingresos indebidos.

La Asociación ha manifestado su rechazo a que los agricultores y ganaderos se vean perjudicados, por lo que consideran una falta de previsión por parte de los organismos de control. En este sentido, la organización ha solicitado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que ordene el pago de las ayudas, incluso sin haber completado los controles correspondientes. ASAJA subraya que, en caso de detectarse irregularidades, se podría solicitar la devolución de los pagos indebidos, como contempla la normativa de la Política Agraria Común (PAC). No obstante, la Junta de Castilla y León ha optado por no implementar esta medida para evitar una mayor sobrecarga administrativa.

Por otro lado, ASAJA ha criticado la falta de información por parte de la Consejería respecto a los expedientes que no han recibido el anticipo del 70% de las ayudas. Según la organización, ni los afectados ni las entidades tramitadoras, entre ellas las organizaciones agrarias y las entidades financieras, tienen acceso a información sobre las incidencias o una fecha aproximada para la resolución de los pagos, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el sector.

Finalmente, ASAJA ha denunciado la ausencia de un compromiso firme para adelantar el 85% de las ayudas correspondientes a los programas agroambientales y a las zonas con limitaciones, pese a que la Unión Europea autorizó dichos pagos desde el pasado 16 de octubre.

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