Los sindicatos ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO, que representan un amplio porcentaje de funcionarios civiles, unen fuerzas frente a la crisis abierta entre aseguradoras sanitarias y el Gobierno, que supone un grave riesgo para el servicio sanitario de toda la población.
A través de un comunicado remitido, aducen que «la absorción de funcionarios por el sistema público de salud acarrearía consecuencias devastadoras en algunas comunidades autónomas que, a día de hoy, a duras penas pueden dar servicio a todos los ciudadanos. La mala gestión y la falta total de previsión, sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre».
Piden también responsabilidad a las aseguradoras, tanto a las que vienen participando en el concierto como al resto. Recuerdan que la atención sanitaria de los mutualistas nunca ha sido gratis e incluso ha ayudado a mejorar la imagen de compañías del sector. «Hay que recordar que no nos han atendido gratis durante los años en los que necesitaban a los funcionarios para crecer y mejorar la imagen de sus compañías, para que ahora nos despachen de esta manera», apuntan estos sindicatos.
Explican, además, que «aunque algunas voces tratan de restar importancia al desembarco en la sanidad pública de un millón y medio de nuevos pacientes, es evidente que causaría un fuerte impacto, sobre todo en comunidades autónomas que ya están viviendo un colapso y que indudablemente no podrían soportar esta nueva situación».
Indican en el comunicado que MUFACE, al igual que cualquier otra mutua, se soporta gracias a sus mutualistas, que, además, contribuyen con sus impuestos al soporte del sistema público estatal. «Lejos de ser un regalo o un privilegio, supone una descarga de pacientes para el sistema público sanitario y un ahorro para las arcas del Estado, al margen de los discursos y objetivos de la agenda política de la ministra Mónica García».
La movilización del próximo día 22 de enero frente a la sede central sita en Paseo Juan XXIII (Madrid), a las 14:00 horas, pretende ser una demostración de la unidad de los funcionarios civiles frente a lo que, según señalan, «puede acarrear una crisis sin precedentes en la sanidad de todos los españoles».
Exigen a Gobierno y aseguradoras responsabilidad, compromiso y un esfuerzo a las partes para la resolución del problema.
